Partido Verde deberá pagar multa de 32 mdp por anomalías en Veracruz en 2018

El partido no comprobó el pago de 62 cursos de capacitación; le descontarán de prerrogativas

 

Por no comprobar el pago de 62 cursos de capacitación, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de 32 millones de pesos a la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que presidió Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, actual diputado local y coordinador del grupo legislativo ecologista.

La sanción se derivó de la revisión al ejercicio fiscal 2018; sin embargo, la resolución del INE se impugnó y fue hasta este año cuando la sentencia quedó firme. Por ello, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) elaboró el calendario para cobrar la multa, que será descontada de las prerrogativas que cada mes recibe el PVEM. Para este año, dicho partido deberá pagar 4 millones 487 mil pesos; ese monto equivale al 25 % del total de la multa.

Así, de marzo a diciembre, el OPLE descontará 440 mil pesos mensuales, y quedarán pendientes 28 millones 800 mil pesos, los cuales se deberán programar en los siguientes ejercicios fiscales, toda vez que los descuentos por las multas no pueden exceder el 25 % del financiamiento público de los partidos.

De acuerdo con la resolución, durante la revisión del ejercicio fiscal 2018 se detectó que el Comité Directivo Estatal del PVEM organizó 18 cursos de capacitación, con un costo de 16 millones de pesos que pagó con sus prerrogativas, pero no presentó la documentación que justificara el gasto.

Cabe mencionar que el monto inicial de los pagos era de 12 millones de pesos; sin embargo, en el proceso de justificación se informó al INE que el pago fue de 16 millones de pesos, sin que ese dicho se comprobara. Durante 2018, los cursos se realizaron de manera simultánea, por lo que cada persona participó en 7 cursos durante marzo; 5 cursos o asesorías en los meses de abril, mayo y junio; 11 durante julio; 12 en agosto; 10 en septiembre; 9 en octubre, y 8 en noviembre y diciembre.

Al substanciar la queja, la autoridad responsable determinó formular requerimientos a 365 personas de las 454 que, presuntamente, participaron en las referidas actividades de capacitación. Únicamente 56 personas respondieron a lo cuestionado por la autoridad administrativa. Por esa falta, el árbitro electoral decidió imponer una multa de 32 millones de pesos, que es el doble de lo que no se justificó. No obstante que el partido impugnó la sentencia, casi siete años después la sanción quedó firme.